Incidente De Nulidad En El Proceso De Liquidación ALMACENES LA 14

Por: Ramiro Valencia

abril 23, 2022

Señor.

Delegado Ante La Superintendencia De Sociedades Proceso De Liquidación. ALMACENES LA 14.

Dr. Santiago Londoño Correa.

ASUNTO: INCIDENTE DE NULIDAD.

REFERENCIA: Expediente 10314.

RAMIRO VALENCIA LÓPEZ, abogado con T.P. N°. 10.588 del C. S. de la J. identificado con la cédula de ciudadanía N°.14.930.760, expedida en Cali, domiciliado en Cali, obrando en nombre y representación de las siguientes sociedades y personas:

SociedadNITId. AcreenciaDomicilio
Agropecuaria Hernandez Giraldo S.A.S.901.211.851-01998Cali
Bio Stevia S.A.S.805.020.824-81479Cali
Línea Uno Compañía S.A.S.800.113.803-52164Cali
Alimentos Estilo Gourmet S.A.S890.938.959-32291Itagüï
Le Vin Pacific S.A.S900.370.168-1961Cali
Balsa de Colombia LTDA800.226.934-73046Lebrija
Starwear Internacional S.A.800.185.683-61878Bogotá D.C.
Autocentro Capri S.A.805.008.909-683Cali
Seleccionadora de Papas del Sur LTDA805.020.671-81Cali
Comercializadora de Frutas FRUCONGSA S.A805.024.286-31243 – 1824Cali
Codabal S.A.S.800.071.780-21724Cali
Sinisterra Pava S.A.S900.932.835-71473Cali

Personería que demuestro con los poderes que adjunto, me permito instaurar INCIDENTE DE NULIDAD, en el proceso de la referencia, para lo cual hago narración de los siguientes

HECHOS.

1. Mediante Auto N°. 2021-01-012270 del 21 de enero de 2021, la sociedad ALMACENES LA 14 S.A., fue admitida a un proceso de reorganización, en los términos previstos en la Ley 1116 de 2006.

2. En el referido auto fue designado como promotor de la sociedad el doctor Felipe Negret Mosquera.

3. El proceso fue notificado y se adelantó sin contratiempo en todas sus etapas, hasta la presentación del proyecto de calificación y graduación de créditos y derechos de voto.

4. Del mencionado proyecto se corrió traslado a los acreedores el día 02 de junio de 2.021, venciéndose los términos de este el día 10 de junio de 2021. (Auto RAD. 2021-01-313518 COD. FUN: S1466 2021-06-01. Prueba 1).

5. También se corrió traslado de múltiples objeciones el 24 de junio de 2021 hasta el 29 de junio de 2.021. (Se adjunta providencia. Prueba 2).

6. De acuerdo con la normatividad, para resolver las objeciones, se entró en etapa de conciliación.

7. Con memorial N° 2021-01-385455 de 4 de junio de 2021, el representante legal de la concursada había remitido un informe sobre la situación financiera de la sociedad, donde manifestó:

“(…) concluyó que la situación mencionada genera la inviabilidad insuperable en términos razonables y que Almacenes La 14 S.A. no cumple con la hipótesis de negocio en marcha que, según el artículo 4 de la Ley 2069 de 2020 y la doctrina de la Superintendencia de Sociedades, se requiere no sólo para acceder al trámite del proceso de reorganización sino para que el proceso pueda adelantarse hasta su terminación.”

Con memorial 2021-01-460572 de 22 de julio de 2.021, el representante legal de la concursada solicitó que se decrete la apertura de la Liquidación Judicial de la sociedad, debido a la inviabilidad de la operación comercial de la concursada. (Prueba 3).

8. Finalmente, mediante auto del 16 de septiembre de 2021, Rad.2021-01-562321, la delegada de la Superintendencia de Sociedades da por terminado el proceso de reorganización y ordena la liquidación de Almacenes La 14:

“(…) 6. En consecuencia, atendiendo a la solicitud del representante legal de la concursada que está debidamente facultado por la Asamblea de Accionistas, este Despacho declarará la terminación del proceso de Reorganización y, en consecuencia, la apertura del proceso de Liquidación Judicial de los bienes de la sociedad Almacenes La 14 S.A.”

7. Finalmente, se ordenará al liquidador designado que, para efectos de lo previsto en el artículo 53 de la Ley 1116 de 2006, deberá valorar las pruebas aportadas con las reclamaciones crediticias y las acciones ejecutivas que obran en el proceso de reorganización. Lo anterior, sin perjuicio de las cargas que deben ejercer los acreedores en el proceso, en los términos y etapas previstos en la ley. En mérito de lo expuesto, la Superintendente Delegada de Procedimientos de Insolvencia,

RESUELVE Primero. Decretar la terminación del proceso de reorganización de la sociedad Almacenes La 14 S.A. y la apertura del proceso de Liquidación Judicial de los bienes de la misma, identificada con NIT. 890300346, con domicilio en la ciudad de Cali.”

(Se adjunta copia de providencia, subrayado fuera de texto. Prueba 4).

9. El liquidador fijó un aviso en el cual se informa a los acreedores sobre el inicio de un proceso de liquidación y se les señala un plazo hasta el día 18 de noviembre para que presenten sus acreencias. (Prueba 5).

10. La Superintendencia tiene pendiente correr traslado del proyecto de calificación y graduación de crédito y derecho al voto presentado por el liquidador, el cual presenta las siguientes características:

  1. Acreencia presentada al proceso de liquidación. (Anexo N°. 001)
  2. Acreencias duplicadas, repetidas y acumuladas. (Anexo N°. 002)
  3. Solicitudes de exclusión. (Anexo N°. 003)
  4. Créditos garantizados (Anexo N°. 004)
  5. Créditos reconocidos total o parcialmente (Anexo N°. 005)
  6. Créditos postergados garantizados (Anexo N°. 006)
  7. Créditos Postergados total o parcialmente reconocidos (Anexo N°. 007)
  8. Créditos que no se califican y gradúan o que se rechazan o no se reconocen acreencias (Anexo N°. 008)
  9. Acreencias Solidarias (Anexo N°. 009)
  10. Derecho de voto (Anexo N°. 010)
  11. Anexo técnico (Anexo N°.  011)

(Se adjunta copia del anexo 008. Prueba 6)

En este proyecto presentado por el Liquidador, se omite el cumplimiento de lo ordenado en el auto de apertura del proceso de liquidación:

“(…) 7. Finalmente, se ordenará al liquidador designado que, para efectos de lo previsto en el artículo 53 de la Ley 1116 de 2006, deberá valorar las pruebas aportadas con las reclamaciones crediticias y las acciones ejecutivas que obran en el proceso de reorganización.(…)” Subrayado fuera de texto.

11. Las empresas que represento en este incidente fueron incluidas en el anexo 008, siendo rechazados sus créditos.

FUNDAMENTOS PARA INVOCAR LA NULIDAD DE LO ACTUADO

Este incidente de nulidad de lo actuado en el proceso de liquidación de  La 14, se                         promueve  con base en diversas actuaciones que distorsionan la correcta aplicación de la normatividad(Ley 1116 /2006 y Ley 1429 de 2010), no solo en el desarrollo de la etapa de reorganización, que buscaba la salvación de la empresa, sino también en la liquidación, en perjuicio de los acreedores, siendo el pago de esas acreencias el bien jurídicamente protegido;  actuaciones irregulares que producen dos causales de NULIDAD:

  1. NULIDAD CONSTITUCIONAL (Art.29 C.P)
  2. NULIDAD PROCEDIMENTAL (Art. 133 C.G. del P)

A. NULIDAD CONSTITUCIONAL

El Art.133 Del  Código General del Proceso señala expresamente las causales que dan pie para invocar una nulidad procesal, pero además de estas causales, la Corte Constitucional, en múltiples fallos  han validado nulidades procesales debido a otras violaciones, por tratarse de actuaciones dolosas de las partes que violan el derecho fundamental al debido proceso, debido a que conllevan a la definición de derechos con base en documentación que no tiene el valor legal que se pretende, pero que en forma fraudulenta pretenden demostrar que si lo tienen, y esto atenta contra las personas en sus derechos sustanciales, que son los bienes jurídicamente protegidos por las normas procesales, en este caso el derecho del acreedor a que se le pague, que indudablemente es el  fin que se busca con  la liquidación, en la ley 1116 de 2006.

Tomando como precedente jurisprudencial la sentencia de la Corte Constitucional, T-330, de Agosto 13/2.018; en la cual dentro de su contenido se expresa:

“ORDENAN A UN JUEZ CIVIL DECRETAR LA NULIDAD DE UN PROCESO POR UNA CAUSAL NO CONTEMPLADA EN EL CGP

“La Corte Constitucional amparó los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso real y efectivo a la administración de justicia de un ciudadano que acudió a la acción de tutela para lograr que se ordenara la nulidad de un proceso ejecutivo singular en el que un juez de la jurisdicción civil decidió continuar con la ejecución, aun cuando tuvo conocimiento de que el título que sirvió de base en el proceso adelantado en su despacho fue adulterado por el ejecutante.

Según el alto tribunal, la autoridad judicial accionada no podía, en ejercicio de la libertad de que gozan los jueces para valorar el material probatorio, desconocer la justicia material, pues aun cuando la petición de nulidad elevada por el actor no tenía soporte en las causales taxativas previstas en el artículo 133 del Código General del Proceso, su actuar devino en un obstáculo para la eficacia del derecho sustancial y en una denegación de justicia al incurrir en un defecto fáctico en su dimensión negativa al omitir valorar una prueba documental.“ La libertad de los jueces para valorar el material probatorio allegado a los diferentes procesos no justifica que una autoridad judicial incurra en una vía de hecho al ignorar arbitrariamente una prueba que tenía la capacidad de modificar el sentido del fallo” , precisa la sentencia. En esa medida, reiteró que la correcta administración de justicia debe propender por la garantía y prevalencia de los derechos sustanciales y la búsqueda de la verdad en el proceso. Al respecto, indicó que en la aplicación del sistema probatorio de libre apreciación no se puede incurrir:

i. Ni en exceso ritual manifiesto. ii. Ni en una falta de valoración de las pruebas desconociendo la obligación legal y constitucional de apreciarlas en su conjunto, verbi gracia, (a) ignorando la existencia de alguna, (b) omitiendo su valoración o (c) no dando por probado un hecho o circunstancia que del material probatorio emerge clara y objetivamente.

En esa medida, la Corte decidió tutelar los derechos fundamentales de los accionantes, aduciendo que el juez le dio prevalencia al derecho procedimental antes que al sustancial y olvidó su papel de garante de derechos, su obligación de dar prevalencia al derecho sustancial y su compromiso con la búsqueda de la verdad en el proceso (M. P. Cristina Pardo).” Negrilla fuera de texto.

Texto Tomado de Sentencia T-330/18

Referencia: Expediente T-6.676.532

Acción de tutela instaurada por José Antonio Méndez Riveros contra el Juzgado

Tercero de Ejecución Civil del Circuito de Bogotá y la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá.

Magistrada Ponente: CRISTINA PARDO SCHLESINGER

Este proceso de liquidación de Almacenes La 14, tiene antecedentes que se enmarcan en el concepto anterior, pues tiene su origen en un trámite de reorganización solicitado por Almacenes La 14, presentando el promotor un proyecto de calificación y graduación de créditos y derecho al voto, en el cual se reconocen 5 clases de acreencias, entre ellas créditos de segunda clase, prendarios, respaldados por garantías mobiliarias, en un monto de $69.749.155.185, pero con la falencia de que fueron ”constituidas” por fuera del encargo fiduciario, lo que cuestiona su validez, para engañar a 173 proveedores con una supuesta seguridad de pago para que les siguieran entregando sus productos, estando ALMACENES LA 14 en el curso del proceso de insolvencia. Lo que constituye una falsedad, engaño o fraude evidente, ya que, de manera dolosa, de mala fe y a conciencia, sabían que esas garantías no contaban con la aprobación de la Fiduciaria Colpatria, como se demuestra con lo afirmado por Fiduciaria Colpatria en la comunicación (que se adjunta), donde se afirma:

“(…) Que el objeto del Contrato de Fiducia no se relaciona de manera alguna con la constitución de Garantías Mobiliarias(…)” (Se adjunta documento. Prueba 7).

“10. Garantías mobiliarias otorgadas antes de la apertura de la reorganización Es procedente revisar el tema de las amplias garantías mobiliarias que se otorgaron especialmente con un grupo específico de proveedores entre ellos algunos accionistas, dentro de los días inmediatamente anteriores a la solicitud de admisión del proceso de reorganización, esto es diciembre de 2020, sobre el Patrimonio Autónomo COLPATRIA. Si bien como lo ha mencionado COLPATRIA en los escritos al Despacho, este vehículo financiero nunca tuvo la vocación de ser de garantía, y a la fecha estar terminado estas garantías se habrían otorgado a favor de algunos proveedores privilegiándolos sobre terceros, y pocos días antes de la radicación de la solicitud de admisión, pero encontrándose que para dicha fecha ya el máximo órgano social había ordenado la presentación de dicha solicitud.” Tomado de Informe del Liquidador, Marzo 2022. Negrilla fuera de texto.

Se adjunta también copia del contrato de La 14 con Fiduciaria Colpatria y copia del acuerdo de garantía, suscrito solo por ALMACENES LA 14 y cada acreedor (pruebas 9 y 10), sin la participación de la Fiduciaria, con los cuales queda demostrado el engaño de que fueron víctimas 173 acreedores, que solo se refleja ahora en la nueva calificación y graduación de créditos dentro de la liquidación.

Del proyecto de calificación y graduación de créditos y derecho al voto en la etapa de reorganización, se corre traslado a los acreedores, de los cuales muchos se pronuncian presentando objeciones (Ver documento en numerales 4 y 5 de hechos en este escrito), sin entrar a resolverlas, en forma abrupta se decreta la terminación del proceso de reorganización y se da apertura a un proceso de liquidación desvinculado del de reorganización.

Obviamente la nulidad que se produce por haberse basado el proyecto presentado por el promotor en documentos engañosos e inválidos, está por fuera de la taxatividad del Art.133 del C.G. del P, pero indudablemente vician el procedimiento de manera grave, pues las garantías presentadas contienen un vicio del consentimiento, que es el error y posiblemente el dolo, lo que vicia la actuación que se realice con base en  esa prueba, como es todo el proceso de reorganización y posterior liquidación de ALMACENES LA 14.

Al no resolverse las objeciones, cuando el juez del proceso podía y debía hacerlo, se coartaron los derechos fundamentales de los acreedores a la contradicción de la prueba, que demuestra el monto de las acreencias en interés propio y colectivo, omisión que reviste la mayor gravedad debido a la característica de fraudulentas de las garantías mobiliarias reconocidas, las cuales en el Fideicomiso Patrimonio Autónomo  FC LA 14, alcanzan un valor de $69.749.155.185, suma que es muy significativa para la distribución de los  coeficientes que determinan el derecho al voto y el orden de los pagos.

La decisión de dar por terminado el proceso de reorganización, sin entrar a resolver la objeciones, viola el debido proceso, y además, decretar la iniciación de un proceso de liquidación independiente, donde los acreedores tendrán la carga de presentar y probar las acreencias, las cuales ya estaban acreditadas en el informe presentado por ALMACENES LA 14 en la solicitud de inicio de proceso de reorganización y posteriormente en el proyecto de calificación, graduación y derecho al voto elaborado por el promotor, va en contravía del objetivo primario del proceso de liquidación, que al contrario del de reorganización, que busca la recuperación de la empresa, este busca el pago de la mejor manera y prontitud posible a los acreedores.

En el estado en que se encontraba el proceso de reorganización, la mejor manera para lograr el pago de las acreencias era sin duda aplicar el trámite de la adjudicación inmediata.

Remitiendonos a la doctrina expedida por la Superintendencia de Sociedades:

“(…) Sin embargo, es de advertir que la citada ley consagró expresamente en sus artículos 47 y 49 los casos en que una sociedad, a pesar de haber solicitado la apertura de un proceso de reorganización a instancia de la misma o de un acreedor, o haber celebrado un acuerdo de pago con sus acreedores, debe iniciar de inmediato su liquidación, o hay lugar a su iniciación consecuencial, cuando los mecanismos recuperatorios no cumplan su finalidad, a saber:

  1. Por incumplimiento del acuerdo de reorganización, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración de los regulados por la ley 550 de 1999. (art.47 ibidem) (…).

En torno a esta causal es necesario advertir que, ante el fracaso de la negociación de un acuerdo de reorganización, no se impone la iniciación del proceso de liquidación judicial, como sucede con el concordato y el acuerdo de reestructuración dado el fracaso de la negociación, pues en este caso el legislador dispuso de una actuación procesal denominada adjudicación, la cual sustituye el proceso liquidatorio (…)”. Tomado de Oficio 220-227239 del 17 de octubre de 2017. Negrilla fuera de texto.

Al omitir la aplicación de la “actuación procesal denominada adjudicación”, la cual sustituye el proceso liquidatorio, considero que se violó el debido proceso, lo que configura una nulidad procesal, además de la ocasionada con el documento fraudulento, en contra de los acreedores, para favorecer al deudor.

B. NULIDAD PROCEDIMENTAL CON BASE EN EL NUMERAL 2 DEL ART 133 C.G.P, POR PRETERMITIR EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA DE REORGANIZACIÓN, Y EN EL NUMERAL 5 DEL ART 133 C.G.P, POR NO HACER LA CORRECTA CONSIDERACIÓN DE LAS PRUEBAS.

Uno de  los principios que orientan la aplicación de la ley 1116 de 2006, en la etapa de reorganización, es de que este proceso no es desistible, pues debe llevar inexorablemente a un  pago de acreencias, a un acuerdo con los acreedores, o a un fracaso del proceso mismo, que considero que fue lo que ocurrió en este caso, y la norma es clara que ante esa última eventualidad se procede a la actuación de la adjudicación inmediata que sustituye el proceso liquidatorio, pero para eso considero que se debían resolver previamente las objeciones. “El interés público de la insolvencia implica que el proceso no sufra alteraciones como consecuencia de la inactividad de las partes; en esa medida, en los procesos de insolvencia está descartada la aplicación de las formas anormales de terminación edificadas en la inacción de las partes, propias del principio dispositivo, pues es evidente el interés público que el concurso representa. De otra parte, y como muestra de lo anterior, el proceso no se altera como consecuencia de la voluntad del deudor, pues no es viable que después de iniciado pida su archivo, retire la demanda o desista de la solicitud, figuras que también están edificadas en el principio dispositivo, pero que no tienen aplicación tratándose de un escenario colectivo.” (Tomado de Nuevo Régimen de Insolvencia de Juan José Rodríguez Espitia , Universidad Externado de Colombia, pág. 134.Segunda edición) Negrilla fuera de texto.

Una actuación , como la engorrosa que se está siguiendo, al haberse iniciado un proceso liquidatorio por solicitud del deudor, conlleva una acto dispositivo no permitido, pues puso fin al proceso de reorganización, en contra del interés general de los acreedores, que adquieren  las cargas de probar acreencias dentro de un límite de tiempo, Noviembre 18 de 2021, a quienes ya habían sido reconocidos como acreedores, con unos montos y coeficientes determinados y que estaban en proceso muchos de ellos de discusión, lleva a la injusticia, que no se puede auspiciar, de excluir y rechazar a 405 acreedores, con acreencias por valor de $106.950.678.169 (Anexo N°. 008), las cuales, de acuerdo con el trabajo del liquidador en el Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Derecho al Voto, ni siquiera quedan con la expectativa de pago en los listado de acreencias postergadas.

Citamos apartes de una providencia en la cual la Superintendencia ordenó la inmediata actuación para proceder a la adjudicación antes de celebrarse acuerdo con los acreedores, procedimiento que considero ha debido seguirse en el caso de ALMACENES LA 14, pues no se entiende una aplicación diferente, siendo eventos similares, pues en ninguno de ellos se había celebrado acuerdo de reorganización:

“(…) CONSIDERACIONES DEL DESPACHO

De conformidad con lo señalado en los artículos 31 y 37 de la Ley 1116 de 2006,modificados por los artículos 38 y 39 de la Ley 1429 de 2010, establecen que en la providencia que aprueba la calificación y graduación de créditos y determinación de derechos de voto, se señala un plazo de cuatro (4) meses improrrogables para la presentación del acuerdo de reorganización; y si vencido éste término no se presentó o no se confirmó, el Juez ordenará la celebración del acuerdo de adjudicación y se adoptarán las siguientes decisiones:

a) Se designará liquidador, a menos que el proceso de reorganización se hubiere adelantado con promotor, caso en el cual hará las veces de liquidador; b) Se fijará el plazo para la presentación del inventario valorado y, c) Ordenará la actualización de los gastos causados durante el proceso de reorganización.(…)” Tomado de Auto Superintendencia De Sociedades. Proceso: Reorganización. Bogotá D.C.Sociedad: Promotora: Asunto: C.I. Comergroup S.A. (Se adjunta copia de providencia. Prueba 11)

De acuerdo al Artículo 48, Ley 1116 De 2006:

“Cuando el proceso de liquidación judicial sea iniciado como consecuencia del incumplimiento del acuerdo de reorganización, de liquidación judicial <sic>, fracaso o incumplimiento del concordato o de un acuerdo de reestructuración, los acreedores reconocidos y admitidos en ellos, se entenderán presentados en tiempo al liquidador, en el proceso de liquidación judicial. Los créditos no calificados y graduados en el acuerdo de reorganización y los derivados de gastos de administración deberán ser presentados al liquidador.” Subrayado fuera de texto.

¿Por qué en este caso se sigue un procedimiento distinto? ¿A quién beneficia este atropello? Obviamente al deudor, quien obtiene un enriquecimiento injustificado de más de $106.950.678.169, más grave aún, cuando se está demostrando mala fe y dolo en sus actuaciones iniciales en el proceso de reorganización.

Almacenes La 14 también omitió lo señalado por el Parágrafo 2 del Art 49 Ley 1116/06, cuando solicitó se diera apertura a proceso de liquidación:

“(…) PARÁGRAFO 2o. La solicitud de inicio del proceso de liquidación judicial por parte del deudor o de este y sus acreedores deberá venir acompañada de los siguientes documentos:

(…).

3. Un estado de inventario de activos y pasivos cortado en la misma fecha indicada en el numeral anterior, debidamente certificado y valorado.”

Transcribo solicitudes de ALMACENES LA 14 para que se diera inicio al proceso de liquidación, en cuyos archivos no aparece la información exigida en el numeral 3o del parágrafo 2o del Art.49 de la ley 1116 de 2006.

“Asunto: Solicitud decreto de apertura de liquidación judicial Radicaciones Almacenes LA 14 2021-01-385455 del 31 de mayo de 2021, 2021-01-393957 del 4 de junio de 2021, 2021-01-415172 del 18 de junio de 2021, 2021-01-453351 del 15 de julio de 2021” (Prueba 12).

Al no haber relacionado los pasivos, priva a los acreedores de la prueba reina para establecerlos, lo que conlleva a que se tenga como prueba el proyecto de calificación y graduación presentado en la etapa de reorganización.

C. DESCONOCIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA.

“ARTÍCULO 4o. PRINCIPIOS DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen de insolvencia está orientado por los siguientes principios:

1. Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación.

2. Igualdad: Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias.

3. Eficiencia: Aprovechamiento de los recursos existentes y la mejor administración de los mismos, basados en la información disponible.

4. Información: En virtud del cual, deudor y acreedores deben proporcionar la información de manera oportuna, transparente y comparable, permitiendo el acceso a ella en cualquier oportunidad del proceso.

5. Negociabilidad: Las actuaciones en el curso del proceso deben propiciar entre los interesados la negociación no litigiosa, proactiva, informada y de buena fe, en relación con las deudas y bienes del deudor.

6. Reciprocidad: Reconocimiento, colaboración y coordinación mutua con las autoridades extranjeras, en los casos de insolvencia transfronteriza.

7. Gobernabilidad económica: Obtener a través del proceso de insolvencia, una dirección gerencial definida, para el manejo y destinación de los activos, con miras a lograr propósitos de pago y de reactivación empresarial.”  Negrilla fuera de texto.

El procedimiento seguido y las omisiones al no poderse tener en cuenta los pasivos ya calificados y graduados, viola de manera ostentosa los 7 principios transcritos, pero en especial los de Universalidad, Igualdad, Eficiencia e Información.  

“Se insiste en la importancia de los principios, en especial en su utilización como mandatos de optimización y criterios de interpretación de las normas legales. En ese sentido, el intérprete debe tener en cuenta que las instituciones en el estatuto concursal no son cosa distinta que la aplicación o puesta en marcha  de los principios y en ese sentido, por ejemplo el inventario de activos y pasivos en los procesos de insolvencia no son otra cosa que la genuina expresión de la universalidad en sus dos fases; sólo de esa manera el operador entenderá que las reglas de la ley deben ser necesariamente interpretadas y aplicadas con miras a los principios y descartar, por tanto, aquella interpretación que conduzca a desconocerlos”. (Tomado de Nuevo Régimen de Insolvencia de Juan José Rodríguez Espitia , Universidad Externado de Colombia, pág. 122. Segunda edición)                       

“EXPRESIONES DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD

A título de ejemplo, se mencionan algunas expresiones de la igualdad:

En la solicitud de reorganización y de liquidación judicial el empresario debe relacionar todas y cada una de sus acreencias, por cuanto todas ellas están llamadas a formar parte de la negociación en el primer caso y de la liquidación en el segundo” (Tomado de Nuevo Régimen de Insolvencia de Juan José Rodríguez Espitia , Universidad Externado de Colombia, pág. 127. Segunda edición) Negrilla fuera de texto. 

Debido a estas actuaciones irregulares, que constituyen violaciones al debido proceso, y en defensa de los acreedores, que son los que se deben proteger en  el estado actual de inviabilidad de la recuperación de la empresa ALMACENES LA 14, pues el bien jurídicamente protegido pasó a ser el pago a los acreedores, solicito con todo respeto al  señor Superintendente Delegado en este proceso, que le dé aplicación al Art. 132 del C.G. del P. llevando a cabo un control de legalidad, para decretar la nulidad de lo actuado, a partir del auto del 16 de septiembre de 2021, que decretó la terminación del proceso de reorganización y ordenó la apertura de proceso de liquidación, para que se resuelvan las objeciones que quedaron pendientes y una vez se cumpla con este derecho de los acreedores se tome la determinación correcta que es la de entrar directamente en la actuación de adjudicación, como corresponde, de acuerdo con reiterada doctrina de la Superintendencia de Sociedades, ya transcrita y que precisa: “(…)pues en este caso el legislador dispuso de una actuación procesal denominada adjudicación, la cual sustituye el proceso liquidatorio (…)”. (Tomado de Oficio 220-227239 del 17 de octubre de 2017.) Negrilla fuera de texto.                   

PRUEBAS

Téngase como pruebas los documentos que se adjuntan con este memorial principal:

1. Traslado a los acreedores en proceso de reorganización el día 2 de junio de 2.021, venciéndose este el 10 de junio. (Se adjunta auto RAD.2021-01-313518 COD. FUN: S1466 2021-06-01, Prueba 1).

2. Traslado de múltiples objeciones desde el 24 de junio de 2021 hasta el 29 de junio de 2.021. (Se adjunta providencia, prueba 2).

3. Con memorial 2021-01-460572 de 22 de julio de 2021, el representante legal de la concursada solicitó que se decrete la apertura de la Liquidación Judicial de la sociedad, debido a la inviabilidad de la operación comercial de la concursada. (Prueba 3).

4. Copia de providencia que decretala terminación del proceso de reorganización de la sociedad Almacenes La 14 S.A. y la apertura del proceso de Liquidación Judicial de los bienes de esta. (Prueba 4).

5. Aviso en el cual se informa a los acreedores sobre el inicio de un proceso de liquidación y se les señala un plazo hasta el día 18 de noviembre para que presenten sus acreencias. (Prueba 5)

6. Anexo 008 del Proyecto de Calificación y Graduación de Créditos y Derecho al voto, presentado por el liquidador, donde se rechazan 405 acreedores. (Prueba 6)

7. Documento enviado por Fiduciaria Colpatria donde informa: “Que el objeto del Contrato de Fiducia no se relaciona de manera alguna con la constitución de Garantías Mobiliarias” (Prueba 7).

8. Copia del acuerdo comercial, suscrito solo por Almacenes La 14 y cada acreedor, sin la participación de la Fiduciaria (Prueba 8). 9. Providencia de la Superintendencia de Sociedades con Radicado 2015-01-038970 por medio de la cual se ordena celebrar acuerdo de adjudicación, en circunstancias muy similares al Proceso de Reorganización de Almacenes La 14. (Prueba 9).

10. Memoriales radicados donde no aparece la información exigida en el numeral 3o del parágrafo 2o del Art.49 de la ley 1116 de 2006. (Prueba 10).

FUNDAMENTOS DE DERECHO

  • Ley 1116 de 2006. Por la cual se establece el Régimen de Insolvencia Empresarial en la República de Colombia y se dictan otras disposiciones.
  • Ley 1429 de 2010. Por la cual se expide la Ley de Formalización y Generación de Empleo.

ANEXOS.

  1. Poderes otorgados al Dr. Ramiro Valencia Lopez para actuar en representación de todas las sociedades y personas descritas previamente.
  2. Certificado de Existencia y Representación Legal de todas las sociedades y personas descritas previamente.
  3. Cédula del representante legal de todas las sociedades descritas previamente.
  4. Cédula de Dr. Ramiro Valencia Lopez.
  5. Tarjeta profesional de Dr. Ramiro Valencia Lopez.
  6. Todos los incluidos en el acápite de pruebas.

Correo para notificaciones  contacto@legalsolvency.com

Cordialmente,

_______________________________________

Ramiro Valencia Lopez.

CC. 14.930.760

TP. 10.588 de C.S de J.

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