Ramiro Valencia

By Ramiro Valencia I Ago 15, 2023 I  Insolvencia

LA INTEGRACION UNICO CAMINO PARA LOGRAR UN PAGO JUSTO DE SU ACREENCIA

Ref. Proceso de Liquidación de Almacenes La 14.- Expediente 10.314. (Estudio elaborado por el equipo jurídico de Legal Solvency).

Habiendo concluido la etapa de conciliación a las más de 900 objeciones al proyecto de calificación y graduación de créditos, presentadas al Liquidador en el mes de febrero de este año, conciliaciones adelantadas en forma diligente por el Liquidador, nos encontramos próximos a la aprobación de este informe por la Superintendencia de Sociedades y a la calificación y graduación definitiva de los créditos y derechos de voto, donde se establecerá el valor de cada acreencia y el porcentaje que tiene cada acreedor para las votaciones de los acuerdos de adjudicación; esto ocurrirá después de la audiencia donde se resolverán los casos no conciliados, y donde se establecerá un plazo de 2 meses para llevar a cabo la venta de los activos que son la garantía de pago que tienen los acreedores.

La participación de los acreedores en ese momento procesal es vital para la recuperación de sus créditos.

Como el término de 2 meses para enajenar los activos de La 14 es muy corto, esa solución de pago ideal, por venta de los activos al 100% de su valor, nunca se cumple.

De las actuaciones de los acreedores de ahí en adelante, para establecer acuerdos de adjudicación con el Liquidador, depende la recuperación de sus acreencias en la mejor forma posible.

Estas actuaciones deben partir de la iniciativa y gestión de los acreedores, pues la ley 1116 de 2.006 no regula ningún procedimiento para los acercamientos con el Liquidador con el fin de establecer esos acuerdos.

Ha dicho reiteradamente la Superintendencia de Sociedades:

“Los acuerdos de adjudicación o de reorganización se negocian y celebran entre los acreedores, al igual que la sustitución del liquidador; por tanto, son ellos las partes de la negociación en los acuerdos que llegaren a celebrarse.”

“Como el acuerdo se estructura y se negocia por fuera del Despacho, la ley no regula la manera en que debe estructurarse ni cómo deben conseguirse los votos, ni cual es el mecanismo de contacto que tienen los acreedores para ello. Los acreedores a partir de la información disponible son quienes deciden la suerte del deudor.”

Las funciones que le otorgan las normas vigentes al Liquidador para el pago o las adjudicaciones están contempladas en los artículos 57 y 58, de la ley 1116 de 2006 y en el decreto 772 de 2.020, que regulan los mecanismos de pago con que cuenta el Liquidador, que pueden ser: la veta directa partiendo del 100% del avaluó del bien, o la subasta pública que permite su venta al 70% o al 50% de su valor. Esta última postura, es demasiado injusta con los acreedores, quienes después de varios años de espera, recuperan solo la mitad de su crédito.

El Liquidador puede optar, después de la oferta de venta fallida al 100% del avalúo, por adjudicar los activos,(Arts. 57 y 58 ley 1116 de 2006), lo que conllevaría a que los bienes serían adjudicados en comunidad proindiviso, que se integraría con el derecho porcentual de cada acreedor sobre el bien adjudicado, situación totalmente desfavorable para lograr la recuperación en dinero de su crédito, pues para la venta del inmueble adjudicado se necesitaría la aprobación del 100% de los comunitarios, logro casi imposible de alcanzarse .(Art. 58Ley 116/2006 No5: “La adjudicación de bienes a varios acreedores será realizada en común y proindiviso en la proporción que corresponda a cada uno”)

La única salida en estos casos de venta de un bien en comunidad pro- indiviso, que ofrece nuestro estatuto procesal, consiste en adelantar un proceso denominado división o venta de bien común, en el cual se solicita al juez que ordene le venta, siendo demandados los adjudicatarios renuentes a vender.

Este trámite toma varios años, pues la venta se hará en pública subasta, y será un gran fracaso para los acreedores, quienes durante muchos años asumirán los gastos de administración vigilancia de los inmuebles, sumándose los costos procesales, para llegar finalmente a una venta.

Nuestra propuesta de acuerdo con el Liquidador, es para evitar la adjudicación de los inmuebles en comunidad proindiviso, lo que hace muy difícil su venta, pues tendrían que ponerse de acuerdo el 100% de los comunitarios, quedando la recuperación del crédito por cada acreedor, supeditada a la oferta que le hagan por sus derechos individuales, que normalmente es a un precio muy bajo, si es que se encuentran compradores; lo que significa un gran fracaso para los acreedores como se demuestra con los siguientes ejemplos y doctrina:

A.- Liquidación de la sociedad C.I. Comergroup, Nit. 900.015.071-3

Se adjudica mediante auto 430-008960 de 19 de mayo de 1917 a 156 acreedores en común y proindiviso un inmueble avaluado en $10.500.000.000.

Ante la imposibilidad de venta, por no lograrse la participación de todos los comuneros, el Banco de Colombia inició proceso de venta de bien común el 9 de septiembre de 2.020.

Transcribimos el estado del proceso, donde no se ha logrado avanzar significativamente después de 3 años de iniciado. Bancolombia demandó a los 155 adjudicatarios que son actualmente propietario en proindiviso:

En total son 6 años los que han transcurrido desde la adjudicación en proindiviso, y seguramente serán necesario algunos años más para llevar a feliz término una venta en pública subasta, en el proceso que cursa en el Juzgado 14 Civil del Circuito para venta del bien en comunidad.

B.- Se transcribe apartes del estudio “ADJUDICACION DE BIENES COMO PAGO EN PROCESO DE LIQUIDACION JUDICIAL. -AUTORES IVAN LEON ROBAYO Y MARIA

VICTORIA LONDOÑO (Publicado por la Revista Anuario de Derecho Privado de la Universidad de Los Andes. – 2.020)

“Como se aprecia, se debe pagar a los acreedores adjudicando los bienes que no fueron enajenados, según el orden de prelación legal de créditos dispuesto por el Código Civil (C. C.), arts. 2495 a 2509. Es así como en múltiples ocasiones en el haber de los acreedores se constituyen derechos en común y proindiviso sobre bienes de diferente naturaleza que, en vez de solucionar los pagos, trasladan a los nuevos copropietarios una serie de problemas jurídicos e, incluso, entre personas que en ocasiones ni siquiera conocen. De esta manera, surgen situaciones que hacen más gravoso el entorno del acreedor y que, en ciertas ocasiones, dado el desconocimiento de la regulación jurídica de los bienes adjudicados, dan lugar a que los acreedores adjudicatarios pierdan sus derechos por el vencimiento del derecho mismo; por la inactividad en la explotación o su falta de renovación, como en el caso del pago con títulos mineros, derechos marcarios o activos intangibles11; e incluso por la pérdida del derecho de propiedad sobre el bien adjudicado, debido al no pago de las correspondientes obligaciones propter rem. En ocasiones críticas, los acreedores adjudicatarios pierden subsidios de vivienda concedidos por el Gobierno nacional, por figurar con derechos de propiedad inscritos a su favor sobre inmuebles, con porcentajes que inclusive ni siquiera superan el 1 %. (Superintendencia de Sociedades [SuperSociedades], Oficio 220-088376 del 27 de septiembre de 2012. 12). Prueba de ello es el proceso de liquidación judicial que adelantó la sociedad C.I. Flores Cóndor de Colombia S.A. en liquidación judicial, en el cual se adjudicó un bien inmueble entre 631 acreedores.”

El decreto 772 de 2.020 Art. 6º es pues, una tabla de salvación que permite al Liquidador la adjudicación a través de la constitución de una fiducia, a la cual se le transfiere el bien para que lo venda al mejor postor y les pague a los adjudicatarios que son los fideicomitentes o beneficiarios de los derechos fiduciarios, quienes de esa manera recuperarán su crédito:

DECRETO 772 DE 2.020:

” ARTÍCULO 6o. MECANISMOS DE RECUPERACIÓN DE VALOR EN LOS

PROCESOS DE LIQUIDACIÓN. En cualquiera de los procesos de liquidación judicial de los deudores afectados por las causas que motivaron la declaratoria del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica de que trata el Decreto 637 del 6 de mayo de 2020, deberá preferirse la adjudicación en bloque o

en estado de unidad productiva. Si no pudiera hacerse en tal forma, los bienes serán adjudicados en forma separada, siempre con el criterio de generación de valor.

No obstante, el liquidador podrá poner a consideración de los acreedores con vocación de pago la celebración de uno o varios contratos de fiducia para la transferencia total o parcial de los bienes y adjudicación como pago con derechos fiduciarios, en conjunto con el texto del contrato correspondiente y sus condiciones. El Juez de Concurso dará traslado de la propuesta y el contrato por el término de cinco (5) días.

Esta propuesta deberá ser aprobada por la mayoría de los acreedores con vocación de pago. En caso de guardar silencio, se entenderá que el acreedor respectivo vota positivamente la propuesta. El contrato de fiducia y sus cláusulas no son de responsabilidad de Juez del Concurso, sin embargo, por solicitud de cualquier acreedor, este podrá, antes de su aprobación, requerir ajustes en las cláusulas que no correspondan a la finalidad de adjudicación como mecanismo de pago y la administración razonable de los activos, o aprobarlo sujeto a la realización de los ajustes que considere necesarios.

Igualmente, el liquidador podrá adjudicar unidades de bienes a acreedores o entre grupos de acreedores, preservando las prelaciones legales en forma directa.

PARÁGRAFO 1o. Los adjudicatarios deberán recibir el pago en dinero a más tardar dentro de los dos (2) meses siguientes al desembargo de los recursos para el pago. Vencido dicho plazo sin que se hubieren recibido estas sumas por parte de los acreedores operará la caducidad y, como consecuencia de la misma, estas sumas acrecentarán la masa. Respecto de bienes cuya tradición implique indefectiblemente una actuación previa por parte del beneficiario del pago, este tendrá la carga de cumplir con lo que corresponda dentro de los treinta (30) días previstos en el artículo 58 de la Ley 1116 de 2006, so pena de que opere la caducidad y, como consecuencia, tales bienes también acrecentarán la masa.

PARÁGRAFO 2o. Agotada la etapa de venta directa de activos en el marco de cualquier proceso de liquidación judicial, se podrá acudir al sistema de martillo electrónico. Para estos efectos, el precio de base no será inferior al setenta por ciento (70%) del avalúo y, de no lograrse la venta, el precio base para un segundo remate será el cincuenta por ciento (50%) del avalúo. De no lograrse la venta, se procederá a la adjudicación en los términos de la Ley 1116 de 2006.

Si después del estudio planteado, entendemos que solo mediante la integración se puede llegar a acuerdos sobre la forma de pago con el Liquidador, la gestión que sigue es hacer efectiva esa integración y proceder a buscar un acuerdo con el Liquidador; para lo cual Legal Solvency ofrece sus servicios de información, orientación e integración que ha venido prestando a 113 empresas acreedoras de Almacenes La 14 desde los inicios del proceso de reorganización hoy en liquidación de La 14, habiendo logrado 80

conciliaciones; Se buscaría con el Liquidador los siguientes acuerdos a favor de los acreedores con garantías mobiliarias, sobre los inmuebles de la Avenida Sexta de Cali:

1.- Si se vende el bien garantizado, se les pague con el producto de esa venta;

2.- Si el Liquidador no vende el bien, lo adjudique a los acreedores que tienen la misma garantía;

3.- Administrar el bien, si se les adjudica, para eso necesitan mayoría para definir venta.

4.- Que se les adjudique mediante acuerdo con el liquidador, de que se haga a través de una fiducia, para poder vender al valor comercial el bien y recuperar el valor total de su acreencia.

VENTAJAS DE LA ADJUDICACION “COMO MECANISMO DE PAGO” MEDIANTE FIDUCIA:

1.-    VENTA   DIRECTA   DEL    BIEN    ADJUDICADO,    SIN    NECESIDAD    DE    LA APROBACIÒN DEL 100 % DE LOS ADJUDICATARIOS;

2.-POSIBILIDAD DE RECUPERACION DEL 100% DE SU CREDITO.

3.- PLAZO PARA RECUPERAR SU CREDITO, MUCHO MAS CORTO.

4.- PARTICIPACION EN LA ADMINISTRACION DEL BIEN, DURANTE LA VENTA, LO QUE IMPLICA INGRESOS POR LA RENTA DEL MISMO.